Fernando Muñoz, director del Programa de Atención de Inquilinos e Inquilinas de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, analizó en Radio Gráfica la situación de los alquileres a nivel nacional y pidió mayor intervención del Gobierno, que aún no oficializó la extensión del decreto 320/20 que prohíbe los desalojos, el cual quedaría sin efecto a partir de febrero.
Debido a la no confirmación de la prórroga, en las inquietudes que recibió la Defensoría del Inquilino “en estos últimos 45 días se registró un cambio brusco en el perfil de la demanda o las consultas, con casos donde mayoritariamente se ve afectada o en riesgo la vivienda por alquiler en la mayoría de los casos”.
En la columna ‘¿La culpa es del inquilino?’ que la Defensoría realiza todos los jueves en Punto de Partida, Muñoz analizó que hasta ahora “la situación del alquiler está contenida por un decreto de emergencia, que firmó Alberto Fernández en marzo y volvió a prorrogar en septiembre. El alquiler de viviendas en Argentina es una bomba que el Gobierno puede desactivar o dejar que estalle. Esta situación de demora de renovar el decreto estaba poniendo en un límite a la situación porque favorece las peores prácticas del mercado”.
Aún con la posibilidad, según trascendidos, de que la medida se extienda en las próximas horas, consideró que “la prórroga es insuficiente. Para desactivar la bomba tiene que haber políticas públicas para el alquiler. Tiene que haber un Estado que conozca lo que ocurre, que sepa cuántos contratos hay, cuáles son los vencimientos, cuáles son los alquileres en mayor riesgo, cuál es el endeudamiento inquilino“.
“La Ley de Alquileres no se aplica y en eso el Estado tiene responsabilidad. Me entristece y preocupa que no haya funcionarios públicos, personas del ejecutivo, que hablen del tema. Es una papa caliente que se la tiran entre todos” lamentó el defensor de inquilinos e inquilinas del distrito porteño.
Fernando remarcó que “hay que tener mucha decisión para domar este mercado. El alquiler es el único negocio donde el Estado está absolutamente retirado“.
Muñoz visibilizó que “el país tiene más de 14 millones de viviendas para 40 millones de habitantes”. En esa línea planteó que “el problema de la vivienda se podría resolver desde una decisión política que sea que todas las viviendas deberían ser un bien común, por lo tanto deberían estar ocupadas. O se alquila, o se vende”.