Las condiciones de los organismos internacionales, hacedores y patrones de la odiosa deuda externa, hizo que el 1 de abril de 1991 se decretara la convertibilidad o paridad fija entre el dólar y el nuevo peso (devaluado), lo que bajó bruscamente la inflación. El amesetamiento inflacionario vino de la mano del desmantelamiento de la mayor parte de las empresas públicas que pasaron al sector privado.
Se prohibió la indexación de los alquileres, así como toda actualización de precios. Por eso muchos fijaron sus alquileres en dólares. El precio durante el contrato se mantenía, pero sin precio límite para contratos nuevos (o para renovaciones de contrato), el aumento del alquiler de vivienda decuplicó la inflación durante la década menemista (sí, 10 veces más).
En el 2002 el Congreso Nacional aprobó la salida de la convertibilidad pero votó la permanencia de la prohibición de indexar contratos de alquiler.
A medida que se recuperó empleo y economía, el mercado se cebó, los contratos no respetaban la ley, y así empezamos nosotros a hablar por el sector, a denunciar las comisiones abusivas que se cobraban, a pedirle al Estado que se hiciese cargo de controlar los aumentos.
La ley de alquileres fijó nuevamente un índice oficial y un ajuste anual (es decir que durante 12 meses se mantiene el mismo precio del alquiler), además de extender a 3 el plazo mínimo del contrato, y hace responsable al Estado por el índice anual: la inflación y los salarios.
Si algo anda mal en los precios hay que corregir los precios y si algo anda mal en la oferta hay que intervenir la oferta.
Pero si el Estado no participa, el mercado es la ley de la selva, siempre gana el más fuerte.