A fines del 2020, cuando la pandemia todavía tenía un efecto devastador en términos sanitarios y sociales, se conoció un estudio del CELS y la Universidad de San Martín, sobre alquiler y endeudamiento.
Participaron 800 personas de Ciudad y Gran Buenos Aires.
- Siete de cada diez manifestaron que sus ingresos bajaron durante la pandemia.
- La misma cantidad había tomado deuda para poder afrontar gastos cotidianos: préstamos personales, bancarios o de tarjeta de crédito.
- De esos “gastos cotidianos”, el 40% lo utilizó para pagar el alquiler. Y sin embargo, préstamos mediantes, la mitad estaba atrasada por lo menos un mes en el pago del alquiler.
- Es muy notable que la mitad de los encuestados solamente tiene contrato vigente. La otra mitad alquila de palabra o sin formalidad alguna.
Bien, no hace falta agregar muchos datos más. El país está en emergencia habitacional. Por eso hay que dar vuelta la relación del Estado con el mercado inmobiliario. El gobierno se tiene que tomar muy en serio las amenazas de desalojos, el desabastecimiento de viviendas para alquilar, los contratos cortos ilegales, el incumplimiento de la ley de alquileres y del decreto presidencial. No vamos a tener salida si no se toma el toro por las astas.
Porque la temática inquilina tiene que discutir –simultáneamente- con el déficit de la vivienda y la discusión sobre los créditos hipotecarios, que son parte del lenguaje hegemónico en materia habitacional.
Sobre el déficit se cuentan las viviendas precarias que hay en el país -que son cada vez más, naturalmente- y no las viviendas suntuosas y vacías que se concentran en las ciudades capitales (y que también son cada vez muchas más).
Y se sostiene en el discurso del crédito hipotecario, en un país que entregó en la década del 90 el histórico Banco Hipotecario al sector privado por el 50% de su valor, previo desmantelamiento de su planta trabajadora y la mitad de sus sucursales.
Por eso cada pasito, cada pequeña conquista inquilina, es resistida con toda la fuerza del mercado. El Estado acompaña al comienzo tibiamente, lleva años discutir y votar en las legislaturas. Esa tranquilidad para fijar reglas que son urgentes -porque están vaciando el bolsillo de millones de compatriotas-, se refleja después en el lentísimo movimiento de las instituciones.
El movimiento inquilino hace una década comenzó a meter otra discusión: el gasto inquilino –“los alquileres más caros de la historia”- y el negocio que hay detrás: las comisiones, el valor de las garantías, la devolución del depósito, el plazo de una vivienda alquilada, el blanqueo de los alquileres, la entrega de factura legal, el rol del Estado en la regulación del sector de vivienda dependiente más numeroso del país.
Uno de cada cinco hogares alquila vivienda en la Argentina, casi el doble que en los 90. ¿Será así realmente? Tampoco lo sabemos hasta que no haya un Registro de Contratos, hasta que el Estado mire, tome nota, regule, controle y recupere la facultad de sancionar los abusos.