En el último año se incrementaron las consultas por imposibilidad de continuar los contratos. Los nuevos gastos del seguro de caución y los aumentos por encima de los ingresos –de alquiler, expensas y servicios públicos- modificaron la matriz de reclamos en nuestro asesoramiento a inquilinos porteños.
La corta duración de los contratos conspira contra el ejercicio de derechos básicos, como el cuidado de las condiciones de habitabilidad de las viviendas. No es casual que las principales consultas y reclamos estén relacionados casi exclusivamente con cuestiones que afectan directamente la economía familiar: aumentos, expensas y reintegro del depósito. Y a la vez se postergan los reclamos por una mejor calidad de hábitat: arreglos vinculados al desgaste del inmueble, humedad en las paredes o corte de gas en el edificio.
También son excepcionales los reclamos de inquilinos de inmuebles temporarios. Solo se acercan por falta de devolución del depósito, atendiendo que en general son rehenes del mercado inmobiliario al no contar con la garantía propietaria que éste exige y tienen que firmar compromisos de entre 3 y 12 meses.
En marzo de 2018, el 21% de las consultas estaban vinculadas a la dificultad en sostener el pago del alquiler y las expensas; en octubre, esa cifra ascendía al 35% y actualmente representa el 38.9% de los casos. Le siguen: la retención indebida del depósito al finalizar el contrato (16,94%), problemas edilicios (13,84%), impuestos y servicios públicos (10,45%), consultas previas a alquilar (9,03%), problemas con el intermediario (5,93%) y otras consultas (4,8%).
Dentro de los inquilinos que tienen dificultades para pagar el alquiler, uno de cada tres se acerca para rescindir anticipadamente su contrato, por imposibilidad de sostener el pago. Se trata de aquellos que se mudan a lugares más chicos o más económicos. El alquiler “informal” –como el hotel o la habitación en vivienda familiar- empieza a ser una alternativa numerosa, cambiando comodidad por precio.
Una manifestación muy similar de la misma problemática es la de los inquilinos que llegan a la finalización del contrato y tienen dificultades para afrontar los precios de la renovación. Al finalizar el contrato original, se enfrentan a la disyuntiva de renovar con aumentos del 40, 50 o 60% o buscar con urgencia otro inmueble, con las dificultades que ello implica. Muchos de quienes no tienen posibilidades de renovar, se acercan a nuestro Programa para solicitar una prórroga por dos o tres meses que les dé tiempo a reubicarse, para después afrontar la mudanza y los nuevos valores del mercado inmobiliario.
Otro segmento es el de los inquilinos que están atrasados en el pago del alquiler o las expensas. Son aquellos que, por alguna situación puntual -como la pérdida de su fuente laboral- no pudieron abonar a tiempo. Generalmente necesitan acordar un plan de pagos, con el objetivo de evitar un juicio de desalojo. Otros, en tanto, ya llegan con el juicio de desalojo iniciado.
También están aquellos que se acercan a consultar si es legal que les aumenten tanto el precio del alquiler y las expensas, con la expectativa de que exista alguna legislación que los ampare. La ausencia de regulación en el alquiler de vivienda asombra a muchos inquilinos que se acercan confiando en la existencia de alguna ley que haga más justo el ajuste de la locación.
En línea con este cambio en las consultas recibidas por el Programa de Atención a Inquilinos, sigue siendo numerosa la falta de devolución del depósito en garantía. Está muy extendida la práctica de inmobiliarias y locadores de no restituir ese dinero alegando roturas o deterioros en la vivienda que no fueron constatadas durante la entrega de llaves. A esta altura, resulta atípico encontrar inquilinos a los cuales les hayan devuelto el dinero sin que lo reclamen con insistencia, ya sea a través de cartas documento, mediaciones u otros mecanismos formales.
También son numerosos los inquilinos que se presentan con problemas edilicios. Dentro de este subtema, los más recurrentes son los problemas de humedad y/o filtraciones, ya que son arreglos costosos y que se demoran en el tiempo. En el caso de los problemas con impuestos y servicios, se destacan los cortes de suministro de gas. Estos últimos suelen prolongarse por meses y es habitual que el locador se niegue a realizar los arreglos, suministrar artefactos eléctricos para paliar la falta de gas y hacer un descuento en el precio del alquiler. También forman parte de esta categoría los reclamos por el pago de la boleta de Rentas: los locadores pretenden que los inquilinos se hagan cargo del monto total del impuesto cuando el contrato establece únicamente el pago del ABL.
En relación a las consultas previas a alquilar, las más frecuentes son las dudas sobre cláusulas contractuales y requisitos que se exigen para firmar un contrato. Sobre esto último es destacable el crecimiento de las consultas vinculadas con los seguros de caución, principalmente sobre los perjuicios que puede ocasionar contratar a estas empresas.
El conflicto entre inquilinos e inmobiliarias es menor desde que se sancionó la ley 5859, en 2017. Antes de esa legislación, el cobro indebido de comisiones y gastos administrativos era uno de los reclamos principales que tramitaban los inquilinos ante esta Defensoría. A casi dos años de la sanción de esa normativa, estos reclamos descendieron al 5,93%.
Desigualdad de género
El 66% de las consultas son iniciadas por mujeres y solo el 34% por hombres. A su vez, las mujeres abrieron el 68% de los trámites vinculados con la dificultad en sostener el pago del alquiler mientras que los hombres iniciaron el 32% restante.
La desigualdad de ingresos entre varones y mujeres, impacta directamente en las dificultades por sostener mes a mes los gastos que demanda un alquiler.
El 38,98% de las consultas están vinculadas con la dificultad en sostener el pago del alquiler, pero esa cifra es mayor en las mujeres (40,69%) y menor en los hombres (35,77%).
Otro aspecto relevante que surge del relevamiento de datos es que las mujeres sufren mayor abuso por parte de las inmobiliarias. Tal como indicamos en el punto 7, los reclamos iniciados contra corredores inmobiliarios se redujeron notablemente tras la sanción de la Ley 5.859. Sin embargo, si analizamos quiénes inician reclamos contra inmobiliarias, detectamos que el 80,9% son mujeres.
Esta situación de abuso no se corrobora únicamente en la mayor cantidad de trámites que inician, sino en cómo se componen sus consultas. Si el 5,93% de los trámites iniciados son por problemas con el intermediario, en las mujeres ese porcentaje asciende al 7,35% y en los hombres desciende a 3,25%.