La nueva ley de alquileres (27.551), vigente para todos los contratos firmados con posterioridad al 1 de julio de 2020, establece que los inquilinos no tienen a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que graven el inmueble (Art. 1209 CCyCN).
Dado que el llamado impuesto inmobiliario es una contribución de este tipo, no le corresponde abonarlo.
Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires el “Impuesto Inmobiliario/ABL” está compuesto por dos conceptos diferentes: por un lado, el impuesto inmobiliario, de carácter progresivo y con alícuotas fijadas en razón del valor fiscal asignado al inmueble, cuyo pago le corresponde al propietario. Y, por otro, la tasa retributiva –igual para todos- como contribución por los servicios de alumbrado, barrido, limpieza, mantenimiento y conservación de sumideros que, por tratarse de una tasa por servicios, podría ser atribuida al inquilino.
Para deslindar esas obligaciones, la ley 6108 de la CABA estableció la creación de un registro de inscripción para que el titular responsable del tributo –es decir el propietario- solicite ante la AGIP la emisión por separado de las boletas de ABL.