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Muestra de la realidad inquilina

Por qué se necesita más Estado

Estos son algunos casos representativos de la realidad inquilina que se acercaron a consultar a la Defensoría del Pueblo en el último tiempo.


Inquilina, madre soltera de 4 hijos. Víctima de violencia de género; endeudada por actos de violencia económica del agresor. Aplica el DNU 320 para congelar el precio del alquiler durante la pandemia. En represalia, vencida esa norma, no le renuevan el contrato e intiman para que desaloje. No puede relocalizarse. Por figurar en el veraz las inmobiliarias no le permiten alquilar y las empresas aseguradoras no la aceptan para contratar una garantía.


Inquilino de 72 años. Alquila en Villa Urquiza desde hace 10 años el mismo departamento, hace 8 que está sin contrato. Cada 6 meses el locador lo llama para actualizarle el valor del alquiler. El locador tiene 10 departamentos en el edificio por lo que con su posición dominante logro la designación de un administrador que liquida las expensas a su conveniencia, cargando gastos de los propietarios en cabeza de los inquilinos.


Pareja de inquilinos migrantes. No pueden acceder a un alquiler legal porque el mercado los rechaza sistemáticamente. Sin opción, acceden a la vivienda a través del alquiler de un departamento de portería, mediante contratos mensuales que el encargado administrador le renueva con aumento cada 30 días exactos. Firman 24 contratos mensuales consecutivos. Se compran un lavarropas. Por el aumento del consumo eléctrico el administrador les ordena que desalojen en 30 días.


Inquilina, madre soltera de 2 hijos. Empleada gastronómica, con jornada laboral de 10 a 20 hs. Tenía pautada la renovación del contrato. Una semana antes que termine le envían una carta documento para que desaloje en 30 días. $28.000 de alquiler. Aun con contrato vencido e intimida para que desaloje la inmobiliaria le exige que pase a pagar $45.000; acepta por temor.


Inquilino, padre soltero de 2 hijos, profesional de la salud abocado a afrontar la pandemia. Alquila un departamento en zona de Tribunales para vivir con su familia. Inmueble destruido y abandonado. Combina meses de gracia para la reinstalación del tendido eléctrico, humedad estructural y plagas. 4 meses completos de trabajo hasta mudarse. El locador no le reconoce los arreglos y por carta documento le exige al garante el pago de los alquileres pautados de gracia. Por temor, el garante paga.


Inquilina alquila departamento del “encargado”. Edificio chico. Los consorcistas quieren hacerle pagar -solamente a ella- $ 2.000 por el uso de la terraza con parrilla, argumentando que, por ser el departamento del encargado, ella no paga expensas. Los consorcistas reciben de la inquilina $ 35.000 por mes en concepto de alquiler.


La inquilina comparte medidor con el locador, que vive en la vivienda lindera. El propietario, que tiene mucho mayor consumo, insiste en compartir (por mitades) el total del consumo. El contrato figura con una dirección “equivocada”, lo que impide que tramite el medidor individual en Edesur.


Inquilina, jubilada mayor de edad, se relocaliza en la ciudad para acompañar el tratamiento médico de su hija. Alquila un departamento de tres ambientes, pero la locadora le prohíbe ingresar a una habitación, la que cierra con candado. Tras 6 meses de vivienda en el lugar a la inquilina le diagnostican intoxicación por exposición a sustancias químicas. En la habitación cerrada la locadora almacena bolsas de naftalinas y demás productos nocivos para la salud. La Fiscalía Penal le rechaza la denuncia por tratarse de una «cuestión entre privados». La locadora le demanda que desaloje el inmueble.


Inquilina, madre soltera, víctima de violencia de género. Alquila un departamento donde vivir con su hija. Inmueble sin final de obra. Reclama a la constructora, que es la locadora, por humedad en el dormitorio de sus dos hijas, una de las cuales presenta síntomas de afección respiratoria. En respuesta le cortan la luz y verbalmente le dicen que se vaya. La inquilina denunció el hecho en la Fiscalía Oeste. Lleva 35 días sin luz.


Inquilina, mayor de edad, vendedora de café en la vía pública, vive con su pareja, finalizó el contrato el 31 de noviembre. Solicitó una prórroga porque a partir del próximo febrero se vuelve a su provincia. Le propusieron un contrato de seis meses pagando un aumento del 100% (abonaba $ 25.000 y le solicitan $ 50.000). Abonó 50.000 pesos en diciembre, sin firmar contrato.


Inquilina, vive con el padre, alquila la antigua portería hace 6 años, trabajadora autónoma. Se venció el contrato en noviembre. El consorcio le plantea una prórroga de 6 meses, y con un aumento del 200%. Estaba pagando 20.000 y pretenden cobrarle 60.000 pesos.